Segundo día de las Jornadas Profesionales de la feria Liber 2024
Los editores reclaman claridad e información para poder afrontar los cambios legislativos
La Ley Europea de Accesibilidad, que entra en vigor en junio de 2025, así como las Leyes de Universidades y de Ciencia, en lo relativo a la ‘Ciencia abierta’ van a requerir de una adaptación del sector editorial, lo que está generando cierta incertidumbre a las empresas. La segunda de las jornadas profesionales de Liber, la feria internacional del libro que se está celebrando en Barcelona, ha tratado de resolver algunas de las dudas que se están planteando.
La Ley Europea de Accesibilidad (EAA) va a establecer nuevos requisitos de accesibilidad para toda la Unión Europea garantizando la igualdad de acceso de todas las personas a productos y servicios digitales en toda Europa. Esta ley afecta directamente a los libros electrónicos y las páginas web de las editoriales. En opinión de Dolores Sancha, directora del Departamento Legal de Penguin Random House, la entrada en vigor de esta normativa “afecta a prácticamente toda la cadena del libro y va a suponer cambios en los modos de producción”. Sancha ilustra la complejidad de este nuevo escenario: “por poner un ejemplo, se establece que cuando existan imágenes, habrá que describirlas. Esto genera algunas incertidumbres respecto a cómo esto puede afectar a los derechos de propiedad intelectual de autores e ilustradores de estas imágenes. Por no hablar de los costes que esto va a conllevar”.
Esta normativa establece que las editoriales deberán facilitar el acceso a los contenidos que editan a todas las personas. Si bien antes la Fundación Once se encargaba de adaptar esos libros a formatos para el uso de personas con discapacidad, ahora las editoriales deberán tener en cuenta esto en el proceso de edición. La Ley establece algunas excepciones como que los libros sean editados por microempresas, aquellas que facturan menos de dos millones de euros o que tienen menos de diez empleados, o que la necesaria adaptación suponga una “carga excesiva”. Este es un concepto que genera dudas y que hace que los editores pidan mayor claridad.
La directora general del Libro, el Cómic y la Lectura, María José Gálvez, ha asegurado que desde su departamento está recogiendo algunas peticiones del sector como es la elaboración de un “reglamento que dé mayor claridad y certidumbre a las empresas editoriales. En segundo lugar, sería necesario establecer subvenciones que contribuyan a reducir esa “carga excesiva”. Y, por último, defendió la necesidad de impulsar “procesos de formación que contribuyan a facilitar el conocimiento de los empleados encargados de su desarrollo”.
Otra cuestión que se ha estado analizando es cómo puede afectar esta normativa al desarrollo del audiolibro en el que muchas empresas han invertido. El establecimiento de sistemas de textospeech plantea el riesgo de que este mercado se vea afectado. Para María José Gálvez, el reglamento “podría ser el marco en el que se establezca un modelo que lo haga compatible”.
Ciencia abierta y negocio editorial
La Ley Orgánica de Universidades y la Ley de Ciencia, como parte de la Estrategia Nacional de Ciencia abierta, establece el acceso en abierto de los conocimientos científicos lo que acaba afectando a la actividad de las editoriales especializadas. En el transcurso de las jornadas profesionales de LIBER, los editores de libros científico-técnicos han reclamado mayor atención de los poderes públicos para poder afrontar estos cambios legislativos. En opinión de Jerónimo Hernández, coordinador de la Comisión de Editores Científico Técnico y Académico de la Asociación de Editores de Madrid, “la publicación de las investigaciones en acceso abierto es un cambio muy significativo para el sector que plantea desafíos financieros. Hay cuestiones que no quedan claras como es el hecho de cómo se sufragan los costes de control de calidad si no se puede realizar con la venta de libros que, ahora, estarán abiertas a través de los repositorios públicos”.
En su opinión, “los legisladores no han tenido en cuenta a las empresas y a lo que estas representan, por ejemplo, en la difusión del español en el mundo académico y científico, donde nuestro idioma no es el más representado”.
Por su parte, la directora de Evaluación del Profesorado de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), Susana Quicios, ha abogado por que se “busque el adecuado equilibrio para que las empresas puedan mantener su actividad al tiempo que se consigue que el conocimiento sea accesible a todo el mundo”.
El Catedrático emérito de Derecho, Carlos Rogel, cuestionó el concepto de Ciencia Abierta y puso de manifiesto que tal y como está diseñado en la Ley de Ciencia vulnera el tratado de Berna, respecto a la propiedad intelectual, y no mantiene el equilibrio entre derechos.
Barcelona, 2 de octubre de 2024
Gerardo Miguel / María Delgado
Prensa FGEE
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